Por / Cesarin Leonardo Febles M. A.
Seibo Al Día News / A Fondo
La verdad que yo no entiendo, RD, un país dependiente de un petróleo que compra en dólares y cada vez con más dificultad, en vez de impulsar e incentivar, desincentiva el uso de energías alternativas cobrando hasta la luz del sol.
Aclaremos algo. No existe un impuesto sobre los rayos solares ni se cobra directamente por la electricidad que los paneles producen para consumo propio. La controversia surge por un cargo asociado al uso de la red eléctrica cuando determinados usuarios inyectan sus excedentes.
La Superintendencia de Electricidad, mediante la Resolución SIE-007-2026-REG, estableció este cargo para determinadas instalaciones de generación distribuida. Edesur anunció que comenzará a aplicarlo el primero de noviembre a ciertos clientes del Programa de Medición Neta.
El cargo toma como referencia el 25 por ciento del precio de la energía correspondiente a la tarifa del usuario. No significa que se cobre ese porcentaje sobre toda la electricidad producida. Sin embargo, representa un costo adicional que merece explicación.
Aquí comienza nuestra preocupación. ¿Conviene encarecer la inversión de quienes utilizan sus propios recursos para producir electricidad limpia, cuando el país necesita disminuir su dependencia de combustibles importados?
España contempla deducciones fiscales para determinadas instalaciones solares. Brasil permite compensar excedentes mediante créditos eléctricos. Chile desarrolla programas de techos solares y Alemania continúa ampliando su capacidad renovable.
Mientras esas naciones procuran diversificar sus fuentes energéticas, República Dominicana sigue enfrentando pérdidas millonarias en las distribuidoras y una factura energética vulnerable a los precios internacionales.
Es cierto que mantener las redes cuesta dinero. Los usuarios que producen electricidad también necesitan esas instalaciones cuando consumen energía del sistema o entregan sus excedentes. Ese servicio tiene un costo que no debemos ignorar.
Pero también corresponde determinar cuánto ahorran las distribuidoras con la energía recibida y si el cargo establecido guarda proporción con los gastos reales de operación.
Otra cuestión merece respuesta. La SIE anunció que los contratos existentes conservarían sus condiciones hasta vencer. Entonces, ¿cómo se explica que Edesur comunique nuevos cobros a usuarios incorporados antes de octubre de 2021?
El Gobierno debe aclarar esa aparente contradicción, publicar los estudios económicos correspondientes y garantizar reglas estables para quienes invierten en energías renovables.
Necesitamos más paneles solares en viviendas, escuelas, hospitales y comercios. No deberíamos convertir la transición energética en otra fuente de incertidumbre para los ciudadanos.
El problema no es reconocer los costos de la red. Es determinar si estamos cobrando justamente o colocando otra dificultad a quienes contribuyen a reducir nuestra dependencia energética.
Porque una cosa es cobrar por utilizar las redes eléctricas y otra muy distinta es terminar desincentivando el aprovechamiento de un recurso que recibimos gratuitamente.
Y la gran pregunta es: Qué por ciento les cobra el gobierno a los generados privados a los que le compra energía?
No será una desigualdad que al que hizo su lío e instaló sus paneles y su excedente de lo pasa a la red pública tenga que pagar por la energía que brinda a pesar de haber hecho su inversión?
Al parecer estos que administran olvidan que esta es una democracia representativa donde ellos “representa” al pueblo que castigan hasta cobrándole el uso de la energía solar.
Fuentes consultadas:
Superintendencia de Electricidad, Resolución SIE-007-2026-REG; comunicado oficial de la SIE del 28 de enero de 2026; anuncio de Edesur publicado en octubre de 2026; organismos oficiales de energía de España, Brasil, Chile y Alemania.
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